Durante las negociaciones, los eurodiputados se aseguraron que la ley incluyera que, a partir de 2029, los clubes estuviesen obligados a verificar la identidad de sus clientes, controlar e informar de cualquier transacción sospechosa a las Unidades de Inteligencia Financiera.
Estas unidades compartirán toda la información entre ellas y con las autoridades competentes, y asu vez, cooperarán con la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (Amla), cuya creación se ha acordado recientemente y que España quiere que tenga su sede en la Torre de Cristal de Madrid.
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Los colegisladores reconocieron así que el sector del fútbol profesional representa un “riesgo elevado” pero, dado que está sujeto a “grandes variaciones”, quedará en manos de cada estado miembro si eliminarlos de la lista si es que se considera que representan un "riesgo bajo".
Este grado de riesgo de blanqueo de capitales será medido en base a elementos como comportamientos anteriores, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club, según fueron explicando algunas fuentes comunitarias a Europa Press. Además, las normas para el sector del fútbol se aplicarían recien luego de un periodo de transición más largo, que comenzará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, frente a los 3 años de las demás entidades obligadas.
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