Luego de que se presentara un proyecto de ley para reformar la forma en la cual se negocian los pases de los deportistas, esta semana en el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay determinó por decreto que a partir de la fecha no se podrán realizar transferencias bajo el antiguo formato.

En afán por transparentar las operaciones y evitar actores perjudicados de por medio, el gobierno de Tabaré Vázquez le otorgó un papel más participativo al Estado por medio de un nuevo conjunto de normas establecido.

Dentro de las especificaciones se prohíbe "a todas las instituciones afiliadas a las asociaciones o federaciones deportivas reconocidas oficialmente o a cualquier otra institución con personería jurídica a realizar cualquier tipo de derechos sobre la prestación de la actividad laboral de un deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado".

Para los quienes opten por incumplirlas las multas oscilarán entre cinco mil y cuatro millones de dólares según sea el caso.

Además, el decreto obliga a los clubes a presentar, previo a cada transferencia de un jugador, una declaración jurada con los detalles de la operación junto con un registro actualizado en la Secretaría Nacional de Deporte para facilitar el proceso.

Fuente: El Observador

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